domingo, 29 de mayo de 2011

Nuevas Autoridades de la Comisión de A.D.R.A. votadas en Paraná, Entre Ríos, Mayo de 2011.-



PRESIDENTE: Haroldo GAVERNET.

VICEPRESIDENTE:  María Cristina FILIPPI.

SECRETARIO: Fabio ARRIAGADA.


SECRETARIA DE PUBLICACIONES: Alicia ARES NOGUEIRA.

VOCALES TITULARES:   José Carlos COSTA.
                                           Mirta Beatriz ÁLVAREZ.
                                           Hermo Luis PESUTO.
                                           Enrique MALLO.
                                           Susana ESTRADA.
                                           Alfredo Gustavo DI PIETRO (h).

VOCALES SUPLENTES:  Bibiana LLARYORA.
                                           Néstor RAYMUNDO.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA PERMANENTE: Laura Liliana MICIELI.


COMITÉ DE REFERATO PARA LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN

(PRESIDENTES EMÉRITOS)

Juan Carlos GHIRARDI.

Haroldo GAVERNET.

Norberto RINALDI.

Nelly Dora LOUZÁN DE SOLIMANO.

Ponencias presetadas en el XX Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano. Paraná, Entre Ríos Argentina. 26 y 27 de Mayo de 2011.-

Link: https://sites.google.com/site/derechoromanoucc/xx-congreso-nacional-de-profesores-de-derecho-romano-parana-entre-rios

domingo, 22 de mayo de 2011

Reseña Bibliográfica: "La Genialidad del Derecho Romano, una perspectiva desde el Análisis Económico del Derecho".-


Trabajo de Juan Javier del Granado.


George Mason University Latin American and Caribbean Law and Economics Center

Excelente trabajo donde se analiza el Derecho Romano en forma integral, como un perfecto sistema; a la vez que se busca hacer énfasis en instituciones determinadas desde un prisma muy preciso que sintetiza argumentos en miras a defender la genialidad del derecho romano como factor de amortización de externalidades negativas desde el AED.-

El Bien común como Causa Final de La Ley


El fin de la ley tiene que ser un bien, pues la ley es regla y medida de la moralidad de los actos humanos y es, además, fruto de la razón práctica, que mira a la verdad bajo el aspecto de bondad o bien. La ley en cuanto tal, o sea que toda ley, no sólo la humana, sino también todas las demás, mira esencialmente, al bien común y no al bien meramente particular o privado.

La ley debe dirigir la actividad de la voluntad del hombre; pero ésta no obra rectamente al querer los bienes particulares si no los refiere al bien común divino, que es la bondad de Dios, bien de todo el universo. El apetito natural de toda cosa que es parte de algún todo se ordena al bien común del todo. Por consiguiente la ley en cuanto tal, si realiza verdaderamente la esencia de ley, es decir, si procede de la razón, divina o humana, y dirige los actos humanos, ha de ordenarse siempre al bien común.

Por otro lado hay que tener en cuenta que a la ley eterna corresponde el orden universal; a la ley divina, el orden moral sobrenatural; a la ley natural, el orden moral natural, a la ley humana, en cuanto enfaizada en lo natural, el  orden social civil y a la ley eclesiástica, el orden social de la Iglesia. En cambio, la ley en cuanto tal, objeto del estudio de Santo Tomás en esta cuestión, mira universalmente al orden humano en general, que no se identifica con ninguno de ellos, aunque en todos se realice a su modo, sino que los trasciende como una razón análoga superior a todos ellos.

La ley moral mira primaria y formalmente al bien común por esencia, que es Dios, fin último y bien común perfecto de la vida humana.

Las distintas especies o clases de leyes miran inmediatamente hacia sus respectivos fines o bienes comunes, distintos entre sí, pero subordinados y en relación necesaria al bien común por esencia o fin último.

Dios es el bien común por orden al cual se constituye la ley eterna, que es el dictamen de la razón divina, que ordena los actos y movimientos de todas las criaturas, produciendo el orden universal.

La ley natural no es más que la participación de la ley eterna en el hombre y no hace más que determinar y producir el orden de los actos humanos al último fin, o sea el orden moral, que es una parte, la más importante, del orden universal creado por la ley eterna.

La ley humana es una derivación de la ley natural y como una concreción del orden moral creado por ésta.

A la bienaventuranza sobrenatural perfecta, como supremo bien común, ordena la ley nueva o evangélica, que por eso contiene la gracia y la caridad, que elevan al hombre y hacen posible su tendencia y le hacen capaz de alcanzar el último fin sobrenatural, pero imperfecto, y su valor normativo relativo se halla hoy subsumido en la ley nueva. La ley eclesiástica responde a la comunidad social que los cristianos forman, necesaria para alcanzar el fin sobrenatural.

Los distintos bienes comunes que constituyen las diversas leyes, tienen que estar subordinados entre sí y ordenarse unos a otros por esa relación necesaria que dicen todos ellos a la bienaventuranza absolutamente perfecta y, en definitiva, al bien común por esencia, que es el objeto de ella.

La ley eterna abarca en un abrazo omnicomprensivo el orden de todas las criaturas y del universo bajo el bien común por esencia, que es Dios.

La ley divina positiva dirige todo el orden humano, ordenando la vida total de los hombres interior y exterior, a la bienaventuranza sobrenatural, que es su bien común. La ley natural dirige también el orden humano, pero sólo en el plano natural, ordenando la vida de los hombres en todos sus aspectos, interiores y exteriores, a la bienaventuranza natural, que es su bien común.

La ley divina y la ley natural son, pues, las manifestaciones supremas en el hombre de la ley eterna. El orden de la vida humana, de su vida personal, al bien común, es lo que da al hombre su plenitud personal, la perfección última de su carácter de persona.

El bien común, el ser participable a muchos y capaz de perfeccionarles, es necesariamente más perfecto que el bien particular.

La Razón Común y su relación con La Ley


Toda ley, por su misma esencia, está ordenada al bien común; pero no todo lo ordenado al bien común es llamado ni tiene razón de ley. Esa ordenación al bien común tiene que estar producida por la causa eficiente propia de la ley, que es la razón común.

Sólo la razón común o pública es causa productora de la ley. La ley es el dictamen imperativo que ordena los actos humanos y los bienes particulares al bien común. Por consiguiente, sólo será productora de la ley aquella razón que mira directamente al bien común y es capaz de mover eficazmente a los actos humanos y a los bienes particulares hacia ese bien.

La razón que tienen estas cualidades es sin duda, por definición, la razón pública o común, la cual dice la misma relación al bien común que la razón individual o particular el bien propio de cada uno. La prudencia gubernativa, por definición, supone necesariamente en el que la detenta el poder o facultad de gobernar la comunidad política; poder que no es otra cosa que la autoridad. Esa prudencia es la virtud propia de la autoridad, que, permite al gobernante realizar debidamente su condición de tal. Las leyes humanas serán fruto de la prudencia gubernativa. Según esto, la razón común que dicta las leyes no puede ser otra cosa que la razón práctica del gobernante con auténtica autoridad, razón revestida de la prudencia gubernativa. Es, pues, la prudencia gubernativa, por su acto de imperio, la que crea o produce esas proposiciones universales que son las leyes.

IPJ: Control de trámites

Consulta de trámites posteriores al 25.02.2011:

Link: http://consultasuac.cba.gov.ar

Formularios para IPJ:

Link: http://www.abogado.org.ar

Nuevos Formularios para el Registro General de la Provincia de Córdoba

Link: http://www.cba.gov.ar

sábado, 21 de mayo de 2011

La Tragedia de los Comunes de Garrett Hardin como base de la teoría del Análisis Económico del Derecho (AED).-

El dilema del prisionero a la hora de resolver las externalidades negativas y la no sobreexplotación de un recurso que lleve a su extinción.

Link: http://www.youtube.com/watch?v=FOpfTWexD64

miércoles, 4 de mayo de 2011

Cuestiones Notariales: UIF. Avalan la Constitucionalidad de una de sus normas, ahora derogada.-

Los magistrados cordobeses desestimaron un pedido para anular el reglamento que impone la obligación de reportar operaciones sospechosas a los escribanos. La Justicia Federal rechazó un planteo de inconstitucionalidad presentado contra una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), y se pronunció en favor de una reglamentación dispuesta por el organismo de control, que impuso a los escribanos la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero. Al argumentar la decisión, la justicia sostuvo que "es deber comunicar al Estado transacciones susceptibles de movilizar fondos provenientes de delitos, se justifica en la protección del bien común, y en modo alguno convierte a los notarios en investigadores o policías", informó la UIF a través de un comunicado de prensa citado por Télam."Lo que se está imponiendo a los escribanos es un deber de informar, que no necesariamente tiene que atentar contra el deber de reserva que tienen con sus clientes", sostuvo el juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes, en su fallo. De esta forma el magistrado rechazó los planteos de inconstitucionalidad e ilegalidad interpuestos por el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba contra la Resolución 10/2004 de la UIF, que estableció las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportar operaciones sospechosas. La norma fue considerada por los notarios como una regulación violatoria del secreto profesional que, a su criterio, los obliga a "investigar ilícitos de naturaleza compleja con un evidente criterio subjetivo". Para Sánchez Freytes, si bien "el secreto profesional está íntimamente ligado al deber de asesoramiento", por encima de esto se encuentra la necesidad de "informar una sospecha para preservar un bien público que se considera superior por sus eventuales consecuencias penales". La UIF, al defender la aplicación de la medida, sostuvo que el secreto profesional debe ceder frente a los bienes jurídicos que el Estado procura proteger en cumplimiento de la ley 25.246, que es la base del sistema argentino antilavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT). Sánchez Freytes reprodujo en la sentencia los argumentos esgrimidos en igual sentido, en otra resolución, por la Cámara Nacional de Apelaciones de Bahía Blanca. "El escribano debe informar operaciones que le generen sospechas, justamente porque por su propia práctica se encuentra en inmejorable posición para advertir si hay indicios de delito en una transacción", completó el juez en su fallo.

A TENER EN CUENTA – ART. 12 DE LA RESOLUCION 21/2011 DE UIF
Unidad de Información Financiera - ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - Resolución 21/2011. Escribanos Públicos. Derogación Resolución UIF N° 10/04. Bs. As., 18/1/2011
Art. 12 - Operación con dinero en efectivo. Los sujetos obligados deberán dejar constancia en el instrumento respectivo, acerca de si los requirentes efectuaron la operación con dinero en efectivo y respecto de la procedencia del mismo, sea que el desembolso de dinero se efectúe en ese momento o se hubiera realizado con anterioridad a ese acto.

domingo, 1 de mayo de 2011

Cuestiones Notariales: Se rechazó el planteo de los Escribanos contra medida de UIF (Unidad de Información Financiera)


La Justicia Federal ha rechazado el planteo del Colegio de Escribanos conta una resolución de UIF, pronunciándose a favor de una reglamentación dispuesta por el organismo de control que impuso a los notarios la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.

El Juez Sánchez Freytes sostuvo: "es deber comunicar al Estado transacciones susceptibles de movilizar fondos provenientes de delitos, lo que se justifica en la protección del bien común y en modo alguno convierte a los notarios en investigadores o policías"; "lo que se está imponiendo a los escribanos es un deber de informar, que no necesariamente tiene que atentar contra el deber de reserva que tienen sus clientes".-

Desde el mundo notarial la norma se considera una regulación violatoria del secreto profesional que obliga a investigar ilícitos de naturaleza compleja con un evidente criterio subjetivo.

Particularmente discrepo con la concepción del fallo, ya que es colocar a los escribanos en una función que atenta contra su propia naturaleza, exige una labor extra (no remunerada), un trabajo extra cuando en realidad hay operadores específicos para eso, unidades judiciales específicas, fiscalías específicas, y aun así está visto que el lavado de dinero siempre se permite porque hay operadores policiales, jurídicos y políticos que colaboran y participan del mismo.

No busquemos ensuciar la profesión del escribano haciéndolo parte de aquello donde tanto la política como el poder judicial ya están inmerso y sin salida, donde se sabe que solamente se castiga al desconocido, al pequeño o al que no coparticipa. Los grandes no pasan por una escribanía, por favor, dejemos de hablar de un mundo utópico y legislemos como decía Dworkin, tomando los derechos en serio.

Aviso sobre XX Congreso de Profesores de Derecho Romano. Paraná 2011. Prórroga de plazo para enviar ponencias.

Colegas romanistas:
Cumplo en informarles que : el plazo para remisión de ponencias para nuestro XX encuentro en Paraná, los días 26 y 27 próximos, se ha extendido hasta el día VIERNES 20 DE MAYO 2.011.-    Entiendo que de esta manera pueden trabajar con mas comodidad y se podrá enriquecer nuestro intercambio. No olviden que dichos trabajos deben ser remitidos a: xxencuentroderechoromanoparana@hotmail.com.ar.-
Se reitera: no olviden hacer las reservas.
Mensaje del Dr Hermo Luis Pesuto - Pte Comisión Organizadora.
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