jueves, 6 de diciembre de 2012

CUESTIONES NOTARIALES: A tener en cuenta al momento de salir de vacaciones con los hijos menores de edad sin el acompañamiento de alguno de los progenitores o de ambos. La Autorización de Viaje para hijos menores de edad y sus distintas variantes.

 
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES Disposición Nº 2656/2011
B.O. del 7/11/2011

Bs. As., 6/10/2011 VISTO el Expediente Nº S02:0004241/2005 con agregado NºS02:0003564/2011, ambos del registro de la DIRECCION NACIONAL DEMIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Resolución DNM Nº 2895 del 15 de noviembre de 1985, las Disposiciones DNM Nº 31.100 del 1º de agosto de 2005, Nº3.3341 del 12 de agosto de 2005 y Nº 2320 del 8 de septiembre de 2011,las Leyes Nº 25.871 y Nº 26.579, y CONSIDERANDO: Que por Resolución DNM Nº 2895/1985 se aprobó el cuerpo de instrucciones relativas al ingreso y egreso de menores hacia y desde el territorio nacional. Que por las Disposiciones DNM Nº 31.100/2005 y Nº 33.341/2005 se ha complementado dicha resolución, en lo referido a las formas de autorización de viaje. Que, a raíz de la modificación del CODIGO CIVIL DE LA NACION, mediante la sanción de la Ley Nº 26.579, en lo atinente a la mayoría de edad, es menester adaptar y actualizar la normativa interna en materia de menores. Que, asimismo, se hace necesario regular la situación particular de los menores extranjeros residentes precarios, e hijos de menores no emancipados, estableciendo el procedimiento a seguir por la autoridad de control. Que resulta pertinente destacar que por Disposición DNM Nº 2320/2011 se establecieron pautas, arancel y formularios para las autorizaciones que excepcionalmente puedan labrarse por ante funcionarios de la DIRECCIONNACIONAL DE MIGRACIONES que especialmente resulten habilitados a tal efecto. Que es propósito de esta Dirección Nacional unificar la normativa referida al egreso e ingreso de menores, adecuando sus preceptos al objetivo primario que es garantizar el interés superior del niño, niña o adolescente, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 26.061,sin que ello menoscabe el ejercicio de la patria potestad. Que la presente se dicta en miras a fortalecer las acciones dirigidas a combatir la sustracción y el tráfico internacional de menores, de conformidad con lo establecido en las convenciones aprobadas por las Leyes Nº 23.857, Nº 25.179, Nº 25.358 y Nº 26.364. Que la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada por Ley Nº23.849, prescribe en su artículo 3º que los Estados Parte deberán tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas a los fines de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables de él ante la ley.
Que, asimismo, el citado cuerpo normativo indica en su artículo 10 que los Estados Parte deberán respetar el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y a entrar en su propio país; encontrándose este derecho sujeto a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas. Que en virtud de la normativa antes indicada, y lo establecido por el artículo 921 del CODIGO CIVIL DE LA NACION, corresponde dictar una reglamentación que regule las condiciones de egreso e ingreso de menores, con la protección que el Estado debe garantizar a los niños. Que la presente medida se dicta ante la reciente obtención, por parte de esta Dirección Nacional, de la Certificación ISO 9001:2008 en cuanto al control del ingreso y egreso de personas por los servicios que presta en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la Terminal Buquebus,y con el objeto de mantener tales estándares de calidad internacional. Que la DIRECCION GENERAL TECNICA - JURIDICA de esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete. Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1410 de fecha 3 de diciembre de 1996, por el artículo 29 de la Ley Nº 25.565, por el artículo 107 de la Ley Nº25.871, artículo 107 del Decreto Nº 616 del 6 de mayo de 2010 y Decreto Nº 180 del 28 de diciembre de 2007. Por ello, EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIONES DISPONE: ARTICULO 1º — Déjase sin efecto la Resolución DNM Nº 2895 del 15 de noviembre de 1985 y sus modificatorias y complementarias. ARTICULO 2º— Apruébase el procedimiento para el ingreso y egreso de menores hacia y desde el territorio nacional, el que forma parte integrante de la presente como ANEXO I. ARTICULO 3º — Apruébase el Acta de Entrega de menores extranjeros no residentes en la REPUBLICA ARGENTINA, que como ANEXO II forma parte de la presente medida. ARTICULO 4º — Apruébase el Acta de Entrega de menores argentinos y/o extranjeros residentes en la REPUBLICA ARGENTINA, que como ANEXO III forma parte de la presente medida. ARTICULO 5º — Apruébase el Acta de Autorización de salida del país para menores de edad, que como ANEXO IV forma parte de la presente medida, la que será extendida por los funcionarios de esta Dirección Nacional que especialmente resulten habilitados al efecto, previo pago del arancel pertinente. ARTICULO 6º — Fíjase el arancel a que se refiere el artículo precedente en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450), el que se actualizará periódicamente. ARTICULO 7º — Establécese que la expedición del Acta de Autorización de salida
de menores aprobada en el artículo 5º de la presente, se limitará al Paso Fronterizo AER001 "Aeropuerto de Ezeiza". ARTICULO 8º — Pase a la DIRECCION GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO para que instruya al Cuerpo de Inspectores de esta Dirección Nacional y alas Policías Migratorias Auxiliares en la correcta implementación del procedimiento de ingreso y egreso de menores que se aprueba en la presente disposición. ARTICULO 9º — La presente medida comenzará a regir a partir del 1º de diciembre de 2011. ARTICULO 10. — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIONNACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN ARIAS DUVAL, Director Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior.


ANEXO I
PROCEDIMIENTO PARA EL EGRESO E INGRESODE MENORES
TITULO I – EGRESO CAPITULO I: PRINCIPIO GENERAL

ARTICULO 1º.- Necesitan autorización para egresar del país las personas que no hayan alcanzado los DIECIOCHO (18) años de edad, sean de nacionalidad argentina o extranjeros que sean beneficiarios de una residencia permanente, temporaria o precaria en la REPUBLICA ARGENTINA. CAPITULO II: EXCEPCIONES ARTICULO 2º.- No será necesaria la autorización para egresar del país de aquellos menores referidos en el artículo 1º en los siguientes casos: a) Cuando se hallaren emancipados por matrimonio contraído en la REPUBLICA ARGENTINA o en el extranjero, aunque con posterioridad se hubieran divorciado, separado legalmente, o de hecho, o fallecido el cónyuge, o declarado nulo el matrimonio para el caso del cónyuge de buena fe. Deberá probarse el matrimonio mediante Libreta o Acta de Matrimonio o, en su defecto, con Certificado de Nacionalidad, Pasaporte, Cédula u otro documento que acredite identidad y en el que conste el estado civil referido. b) Cuando se trate de menores argentinos que tuvieren su domicilio o residencia en el exterior, debiendo acreditarse tal circunstancia mediante documento identificatorio u otro instrumento público en el que conste aquel extremo. c) Extranjeros menores de DIECIOCHO (18) años, que hubieran obtenido la radicación permanente, temporaria o residencia precaria en nuestro país: cuando hubieren alcanzado la mayoría de edad en su país de origen o de residencia anterior. Deberá acreditarse la fecha de vigencia de la ley extranjera que se pretende aplicar, mediante certificado expedido por la representación diplomática o consular del respectivo país, acreditada en la REPUBLICAARGENTINA o por cualquier otro instrumento suficiente a ese fin. Deberá probarse el domicilio en el extranjero al tiempo de cumplirse la mayoría de
edad, conforme la ley invocada. d) Por cualquier otra forma de emancipación que se haya otorgado conforme con las leyes que resulten aplicables, en cuyo caso se probará la emancipación por instrumento público. e) Los extranjeros que no hayan alcanzado los DIECIOCHO (18) años de edad y que, asimismo, sean residentes transitorios.

CAPITULO III: OTORGANTES DE LA AUTORIZACION PARA SALIR DEL PAIS ARTICULO 3º.- Deben otorgar autorización a los menores para salir del país, cuando tal autorización sea exigible: a) Los padres del menor. Deberá acreditarse la filiación de ambos padres mediante Libreta de Matrimonio con el nacimiento asentado, o Partida de Nacimiento o Acta de Nacimiento o Certificado de Nacimiento o Certificado de Nacionalidad o Pasaporte, Testimonio Judicial de adopción u otro instrumento público que dé plena fe del vínculo invocado. b) Uno de los padres, si el otro hubiera fallecido o hubiese sido privado de la patria potestad o suspendido en su ejercicio, o si su fallecimiento presunto hubiera sido declarado judicialmente. Todo ello deberá probarse mediante Libreta de Matrimonio con la defunción asentada, o la Partida de Defunción correspondiente o la Resolución Judicial respectiva. c) El padre cuya filiación figure en la Partida, Acta o Certificado de Nacimiento, si se encuentra sólo uno de ellos asentado en la misma. Resulta suficiente para acreditar ese extremo la exhibición de Partida, Acta o Certificado de Nacimiento u otro instrumento público en los que sólo conste la filiación paterna o materna del menor según el caso, no figurando otra filiación. Para estos casos la Partida, Acta o Certificado de Nacimiento presentada para la acreditación del vínculo al momento del control de egreso debe tener una antigüedad de emisión no mayor a SEIS (6) meses de la fecha de salida del menor. d) El padre adoptivo si no hubiera filiación adoptiva materna, o la madre adoptiva si no hubiere filiación adoptiva paterna. Será idóneo para probar que sólo existe padre o madre adoptivo la Partida de Nacimiento del menor, instrumento público o en su caso testimonio de la Resolución Judicial que otorgó la adopción en los que conste únicamente el padre o madre adoptivo. e) El juez competente mediante Resolución Judicial, la que deberá acreditarse con testimonio o certificación de la respectiva resolución, o por cualquier otro instrumento público. Esta autorización supletoria resulta indispensable, entre otros casos, cuando: 1) el menor se encontrare bajo tutela, curatela o guarda. 2) el menor se hallare a disposición de un Juez, bajo protección judicial o bajo la guarda de instituciones nacionales o provinciales de protección al menor. 3) no hubiere acuerdo entre los padres respecto de autorizar la salida del país de su hijo menor.
4) el menor fuera hijo de uno o ambos padres menores de DIECIOCHO (18) años de edad. En este supuesto: i - Cuando se trate de la salida del país de un menor de edad, cuyos padres sean, a su vez, menores de edad no emancipados, será necesario en todos los casos contar con la debida Autorización Judicial que supla la incapacidad de ambos para prestar su consentimiento. En el supuesto de que alguno de los padres alcance la mayoría de edad, la Autorización Judicial será igualmente exigible respecto del padre cuya incapacidad aún no haya cesado. ii - Cuando uno solo de sus padres sea mayor de edad, y éste sea quien viaje con el menor, se requerirá la Autorización Judicial correspondiente, a fin de suplir la incapacidad en la que se encuentra el otro padre menor de edad. iii - Cuando uno de los padres sea mayor de edad, y quien viaje con el menor sea el padre menor, se requerirá la Autorización de Viaje otorgada por el padre mayor de edad y la pertinente autorización judicial, para suplir la imposibilidad en que se encuentra el padre menor. iv - Cuando sólo uno de los padres sea mayor de edad y quien viaje con el menor sea un tercero, se requerirá la Autorización del padre mayor de edad y la Autorización Judicial para suplir la incapacidad del padre menor.

CAPITULO IV: FORMAS DE LA AUTORIZACION ARTICULO 4º.- TACITA: Es aquella que se otorga en el momento de efectuarse el control y cuando el menor viaje acompañado por su padre o sus padres, acreditando la filiación conforme con lo expuesto en el CAPITULO III. ARTICULO 5º.- EXPRESA: Es la otorgada por el o los padres según lo reglamentado en el artículo 3º incisos a), b), c) y d), ante los siguientes funcionarios: a) Escribanos, cuya firma deberá estar legalizada por el Colegio de Escribanos competente en su jurisdicción y, en caso de haber sido otorgada en el extranjero, por la representación Diplomática o Consular Argentina, si se encuentra en el extranjero el autorizante o autorizantes. b) Cónsul argentino: debiendo extenderse la autorización de conformidad con lo indicado en el artículo 3º incisos a), b), c) y d) de la presente reglamentación. c) Juez competente. d) Autoridad competente del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. e) Funcionarios de esta Dirección Nacional que especialmente resulten habilitados al efecto. Las autorizaciones así otorgadas, serán de carácter excepcional, deberán ser extendidas de acuerdo con el "Acta de Autorización de salida del país para menores de edad" que se adjunta como ANEXO IV de la presente medida y tendrán validez por un solo viaje; ello previo pago del arancel correspondiente. La autorización expresa deberá contener la indicación explícita de que el o los autorizantes son el padre y/o madre del menor, de acuerdo con la documentación fehaciente que se ha tenido a la vista.
De acuerdo con la voluntad de los padres la autorización podrá ser amplia y autorizar a su hijo a viajar a todos los países del mundo, hasta que alcance la mayoría de edad o bien podrá ser restringida expresando especificaciones sobre la vigencia de la autorización y/o el país de destino del viaje y/o datos del acompañante en caso de autorizar al menor a viajar acompañado. En el supuesto de autorizaciones restringidas, la autoridad de control deberá verificarla vigencia de la autorización al tiempo del viaje y que se encuentren cumplidos los requisitos establecidos en la autorización. Esta autorización puede ser revocada por uno o ambos padres, debiendo estar fehacientemente notificada a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES para surtir efectos. En todos los casos, cuando al momento de efectuarse el control migratorio en el ingreso o egreso, el funcionario actuante tuviera sospechas fundadas respecto de la autorización, teniendo en cuenta el interés superior del niño, se deberá dar inmediata intervención a la Policía Migratoria Auxiliar, a la autoridad judicial competente y al Ministerio Público Pupilar. Ello, en los términos del artículo 37de la Ley Nº 26.061.

CAPITULO V – EXTRANJEROS MENORES DE EDAD BENEFICIARIOS DE RESIDENCIAPRECARIA ARTICULO 6º.- Necesitarán autorización en los términos del CAPITULO IV, en tanto se encuentre vigente el plazo de permanencia que le hubiere sido acordado, con las excepciones previstas en el CAPITULO II. CAPITULO VI – EXTRANJEROS MENORES DE EDAD QUE HUBIERAN PERMANECIDO ENEL TERRITORIO NACIONAL POR LAPSO IGUAL O MAYOR A UN AÑO A PARTIR DELVENCIMIENTO DE SU PERMANENCIA AUTORIZADA. ARTICULO 7º.- Necesitarán la autorización correspondiente, con las excepciones previstas en el CAPITULO II, artículo 2º, incisos a), c) yd). TITULO II – INGRESO CAPITULO I: NECESIDAD DE AUTORIZACION ARTICULO 8º.- Necesitan autorización para ingresar al país, los menores de edad que no hubieren cumplido los CATORCE (14) años, cualquiera sea su nacionalidad y categoría de ingreso, que no viajen acompañados o no sean aguardados por quien o quienes ejercen la patria potestad o por un tercero autorizado. ARTICULO 9º.- En caso de que el menor: a) No porte autorización de quien o quienes ejercen la patria potestad para ser acompañado o aguardado por un tercero; o b) A pesar de portar la autorización mencionada en el inciso anterior, no sea efectivamente acompañado o aguardado por el tercero que conste en la autorización. Se procederá a: 1) Otorgarles una Autorización Provisoria de Permanencia, de conformidad con lo normado por el artículo 35 de la Ley Nº 25.871:cuando se trate de extranjeros
residentes transitorios, se dará intervención a las autoridades de seguridad con jurisdicción en el lugar de ingreso, para que informe de esta circunstancia a la autoridad judicial con competencia en minoridad, quien resolverá en consecuencia, labrándose acta de entrega que como ANEXO II forma parte de la presente. 2) Perfeccionar el ingreso al país cuando se trate de argentinos, extranjeros residentes permanentes o temporarios o residentes precarios, dándole intervención a las autoridades de seguridad con jurisdicción en el lugar de ingreso para que informe de esta circunstancia a la autoridad judicial con competencia en minoridad, quien resolverá en consecuencia, labrándose el acta que conforma el

ANEXO III. TITULO III – DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 10.- No serán de aplicación las presentes instrucciones cuando: a) exista convenio bilateral o multilateral suscripto por la REPUBLICAARGENTINA relativo a la materia que trata, salvo en los aspectos no reglados por la misma. b) de la identificación inicial del menor surgiere que el niño requeriría protección como refugiado, sería víctima o potencial víctima del delito de trata de personas o, en su caso, tendría otras necesidades de protección internacional; supuestos en los cuales será de aplicación el PROTOCOLO PARA LA PROTECCION, ASISTENCIA Y BUSQUEDA DESOLUCIONES DURADERAS PARA LOS NIÑOS NO ACOMPAÑADOS O SEPARADOS DE SUSFAMILIAS EN BUSCA DE ASILO, una vez que éste sea puesto en vigencia. ARTICULO 11.- Toda la documentación mencionada en la presente disposición debe ser presentada en original o, en su defecto, en copia autenticada, a los fines de acreditar identidad y/o el vínculo invocado. La expedida en el extranjero deberá contar con la legalización del Consulado Argentino sito en el país emisor del documento, o Apostillada, si el país hubiera ratificado el Convenio de La Haya. Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos o convenciones internacionales vigentes, toda documentación expedida por las representaciones consulares en el territorio nacional, deberá contar con la legalización del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIOINTERNACIONAL Y CULTO, excepto aquellos países pertenecientes a la órbita del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR).
 

miércoles, 10 de octubre de 2012

Nueva información sobre el Congreso Patagónico de Derecho Romano a realizarse en Las Grutas, Río Negro, los días 9 y 10 de Noviembre del corriente año.-

PRIMER CONGRESO PATAGONICO DE DERECHO ROMANO
 
9 Y 10 DE NOVIEMBRE. “Las Grutas” Río Negro
Tema: DERECHO DE PROPIEDAD
Presentación de Abstract: 15 de Octubre
Presentación de trabajo: 30 de Octubre.
Confirmar asistencia antes del 20 de Octubre.
Envío, información y todo lo que necesiten a:aliciaaresnogueira@yahoo.com.ar
Tel: 0298-4637753 (todo el día) 0298-4423153 (de mañana)
Inscripción: $300. (incluye dos cenas y todos los break–mediodía y tarde-)
Acompañantes: $ 300.
HOTELES, COMPLEJOS
Tarifas hoteleleras para Primer Congreso Patagonico de Derecho Romano
9 y 10 de Noviembre 2012 .
1) Apart Hotel Marina Cero. Complejo Vacacional :
Es el lugar donde se hace el evento.
Departamentos de uno, dos y tres ambientes totalmente equipados.
Monoambiente: ..............$ 290.- para (1) persona
Monoambiente: .............$ 350.- para (2) personas
Dos Ambientes 1 dormitorio matrimonial: .......$ 450.- para (2) personas
$ 530.- para (3) personas
$ 580.- para (4) personas
Tres Ambientes................$ 640.- para (4) pax. Dos dormitorios, 1 matrimonial y otro 2 camas de una plaza.
$ 750.- para (6) pax.
Tarifas con desayuno incluido y servicio de mucamas.
Pileta climatizada.
Reservas (exclusivamente) gerencia@marinacero.com Aclarar que es asistente al Congreso.
2) Hotel Portovenere: ubicado a 1,5 kms del lugar del evento
Doble PB ...... $ 370.-
Triple PB ........$ 420.-
Cuádruple ......$ 475.-
P. Alta. Vista al mar
Doble..............$ 400.-
Triple............ $ 480.-
Cuádruple.... $ 545.-
Con desayuno y estacionamiento. Restó
3) HOTEL CASINO LAS GRUTAS –A un kilómetro del lugar del evento .
Habitaciones dobles de camas de una plaza y media
DOBLE..........$ 380.- Hab. interna
DOBLE ...........$ 450.-vista al mar
DOBLE ...........$ 620.-Swuit cama matrimonial king.
Con desayuno y estacionamiento.
4) LOS AROMOS – Dptos Equipados .A 300 mts. del evento
Dpto p/dos pax. $ 915.-con tarjeta. Efectivo 20% desc. $ 732.-
Dpto p/3 pax. 1.143.-
Pileta climatizada cubierta, spa, circuito hídrico, adicional masajes.
Para otras alternativas pueden entrar en la página de Las Grutas Rio Negro Alojamientos.
Cajeros en Las Grutas: Banco Patagonia: Banco de Neuquén; Banco Chubut.

martes, 2 de octubre de 2012

Crónica: “CUARTA JORNADA SOBRE ORIGENES ROMANISTICOS DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO” por la Doctora Mirta Beatriz Alvarez, Profesora Titular Ordinaria de Derecho Romano en las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Flores.

El 15 de Septiembre de 2012, se celebró en el Auditorio de la Universidad de Flores, la Cuarta Jornada sobre “Orígenes Romanísticos de los Principios Generales del Derecho”, organizada por el Instituto de Estudios de Derecho Romano, Lenguas Clásicas y Cultura Latina “Dr. Angel Lapieza Elli” y la Facultad de Derecho de la Universidad de Flores.

En la ceremonia inaugural -que contó con la presencia del Señor Rector de la Universidad- se firmó un convenio de Cooperación entre la Universidad de Flores y el Instituto Lapieza Elli y se entregó al Dr. José Félix Chamié, Profesor de la Universidad del Externado de Colombia, una carta intención para suscribir un futuro convenio de cooperación entre las universidades.

La Jornada se inició con una Conferencia Magistral, a cargo del Doctor Carlos Cárcova.

A partir de las 11 horas y hasta las 17.30 horas, se expusieron y debatieron las ponencias presentadas por Profesores de distintas áreas del derecho (romanistas, historiadores, de filosofía y de ciencia política) y provenientes de distintos puntos de nuestro país y del exterior. Los trabajos presentados duplicaron en número los de las tres anteriores Jornadas, y mantuvieron un excelente nivel.

La Jornada finalizó con una Mesa Redonda integrada por el Doctor Juan Carlos Ghirardi, la Doctora Laura Liliana Micieli y el Doctor Norberto Darío Rinaldi.

La asistencia fue muy numerosa –tanto de profesores como de alumnos- por lo que la capacidad del auditorio se vio colmada durante toda la jornada.

Durante el desarrollo de esta Jornada se presentó la revista “Lecturas de Derecho Romano VI”, donde se encuentran publicadas las Conferencias y Comunicaciones debatidas en la Tercera Jornada sobre el Origen Romano de los principios generales del Derecho y contiene un merecido homenaje a la recientemente fallecida Profesora Doctora Nelly Dora Louzán de Solimano.

Atento al interés demostrado en esta Cuarta Jornada y al éxito alcanzado, los organizadores se han comprometido para que el año próximo tenga lugar la Quinta Jornada. 

Entrevista al Prof. Emilio Valiño del Río, Catedrático Emérito de Derecho Romano de la Universidad de Valencia - Las Provincias, 30 de Septiembre de 2012.-


Descargar Archivo: https://sites.google.com/site/derechoromanoucc/notas

Mesa Redonda en Memoria de la Prof. Dra. Nelly Louzán de Solimano


Martes 23 de agosto a las 18 hs. en el Salón Rojo, Facultad de Derecho (UBA)
Presentación a cargo de la Decana Dra. Mónica Pinto

Expositoras

Dres. José Carlos Costa y Mirta Beatriz Álvarez

Organiza

Cátedras de Derecho Romano de los Dres. Costa y Álvarez

Links:

1) http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2011_homenaje-a-nelly-louzan-de-solimano.php

2) http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/old/nota.php?ided=187&idsec=10&nota=4005

Nota Relacionada:

http://jorgefabianvillalba.blogspot.com.ar/2012/07/triste-noticia-para-todos-los.html

2 de Octubre: DÍA DEL ESCRIBANO!

En forma concomitante al "Día del Notariado Latino" se celebra hoy en nuestro país el "Día del Escribano".
La fecha corresponde a la conmemoración de aquél 2 de octubre de 1948 en que, a iniciativa del Notario argentino José Adrián Negri, en ocasión de celebrarse en la ciudad de Buenos Aires el "Primer Congreso Internacional del Notariado Latino", se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes.
Quedó así fundada la Unión Internacional del Notariado Latino, organización no gubernamental que hoy está integrada por las asociaciones profesionales de 81 países de los cinco continentes (representativos del 60% de la población mundial), cuyos sistemas notariales son de tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.
Posteriormente, en el año 1950, con motivo de la celebración del “Segundo Congreso Internacional del Notariado Latino”, en Madrid, España, y bajo el impulso e inspiración del Notario Dr. Rafael Núñez Lagos, se fundó legalmente la UINL, ocasión en que también se aprobó su emblema, que tiene la forma de un óvalo con la denominación de la entidad, un águila, un libro de protocolo y una pluma de ganso, todo enmarcado con el lema "lex est cuodqumque notamus".
La Unión, que tiene representación ante más de 40 organizaciones internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas (Nueva York y Viena), Organismos Internacionales (Génova), el Alto Comisariado para los Derechos del Hombre, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) y la Comisión para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tiene por objetivo la promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad del notariado en el ámbito internacional, con el fin de mantener la integridad e independencia de los notarios como profesionales del Derecho.
En ocasión de conmemorarse hoy este nuevo aniversario, como responsables de la capacitación y formación de muchos de ellos, invitamos a compartir el discurso que pronunciara años atrás (2008), su ex Presidente (hasta el año pasado) y Consejero permanente, y Profesor y ex Decano de esta Casa, Notario Dr. Eduardo Gallino, al cumplirse los 60 años de la UINL, (http://www.escribaniacervos.com.ar/d_a_del_escribano.html), con lo que nos sumamos a este sentido y merecido homenaje al profesional que, en el cumplimiento de la función que le es delegada por el Estado como depositario de la fe pública, se erige en “consejero iusperito, y asesor de derecho, receptor e intérprete de la voluntad de las partes, redactor de escritos y contratos que debe autorizar, y fedatario de hechos y declaraciones pasados en su presencia” (Principios fundamentales del Notariado Latino).

viernes, 28 de septiembre de 2012

Por el Día del Maestro, merece leerse esta carta que escribiera un profesor (Garzón Valdés) sobre otro (Caracciolo).-

 
Ricardo Caracciolo
Hace más de medio siglo, Jorge Bacqué, en esos años profesor de Filosofía de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, me llamó por teléfono para anunciarme la llegada a Córdoba de un excelente joven profesor y rogarme le diera la atencion que con justicia merecía. Como conocía bien a Jorge y sabía que siempre era ecuánime en sus juicios, no tuve la menor duda de la verdad de su evaluación del joven jurista que deseaba integrarse en el grupo de profesores y alumnos de los ultimos años de la Facultad de Derecho que se reunía los sábados a la mañana y los lunes a la tarde para discutir y tratar de comprender mejor las cuestiones de la filosofía del derecho. Y así conocí un buen día a Ricardo Caracciolo quien con todo entusiasmo se incorporó a nuestro grupo y pronto fue uno de sus más fieles integrantes.
Pero lo verdaderamente importante para mi fue la relación de afecto y respeto que fue estableciendose entre nosotros. Con serena firmeza defendía sus argumentos (que no pocas veces eran mejores que los que habíamos sostenido) y nos sugería la conveniencia de revisar nuestra posición. Pronto fue Ricardo colega amigo y punzante comentarista.
Y el destino de nuestro complicado país nos fue uniendo aún más a lo largo de los años. Padecimos exilio y persecución en buena parte encarnada en la figura de decanos militares y de frustrados profesores ocasionales para quienes todo vestigio de duda intelectual era señal de peligroso desvío de la mediocre ortodoxia que profesaban.
Y Ricardo logró imponerse con la honestidad de su comportamiento y el indiscutible prestigio de su saber e inteligencia.
Con incomparable dedicación contribuyó a la formación de jóvenes juristas y por propio mérito se transformó en el profesor más querido de una universidad como la Pompeu Fabra en Barcelona.
Hoy celebramos su actividad intelectual pero no podemos dejar de recordar su dedicación familiar y su siempre alerta preocupación por el destino de Silvia y sus hijos.
Ricardo es un ejemplo claro de entrega a quienes forman parte de su mundo doméstico. Es bueno recordarlo.
Y es bueno no olvidar la entereza con la que ha sabido siempre enfrentar los desafíos que tuvo que vencer para conservar su ejemplar dignidad. Ello da lugar a una legítima admiración.
Su original contribución al estudio de algunos problemas de la filosofía y teoría del derecho lo ha convertido en uno de los más significativos pensadores no sólo de la Argentina. Este no es hoy mi tema y se que está a cargo de quienes pueden tratarlo con soberana solvencia.
Pero no quiero ahora olvidar que nos une no sólo una auténtica preocupación por algunas cuestiones jurídico-filosóficas sino también una alerta consideración de los problemas de nuestra patria. Ambos hemos sido víctimas de la dictadura y pagado el precio de la defensa de los principios democráticos. Pienso que ser víctima de la persecución dictatorial nos ennoblece y despierta en uno mismo la confortable sensación de no ser – ni por asomo - cómplice de la arbitrariedad y el dogmatismo.
Posiblemente Ricardo es más optimista que yo pero nos iguala el estar pendientes de lo que sucede o puede suceder en esta tierra nuestra.
Y, desde luego, esto no es todo. Compartimos también la innegable frivolidad de una buena corbata o de un saco bien cortado. No todo ha de ser tan serio que no quede lugar para lo supuestamente superfluo.

La seriedad en lo básico y la negación de lo inutilmente solemne han sido parte de una buena base para una amistad que se ha ido consolidando a lo largo de años dentro del marco de una políticamente complicada realidad argentina que desde siempre ha condicionado también la vida universitaria.
 
Es mucho lo que ya ha logrado Ricardo en el ámbito de la investigación de problemas jurídicos fundamentales. Lo ha hecho con seriedad constante y con el auténtico deseo de contribuir a su esclarecimiento. Quienes han leido sus trabajos o han sido sus alumnos o interlocutores lo saben plenamente. La pasión docente que lo anima es por todos conocida y respetada como el buen ejemplo del maestro honesto que no por amable está dispuesto a no defender sus argumentos hasta agotarlos. Alguien podría decir irónicamente: agotar el argumento o al interlocutor.
Lo primero vale pero lo segundo es falso. Ricardo sabe dejar abierta la posibilidad de seguir analizando un problema y demostrar la coherencia de la propia posición. Ello merece ser subrayado.
La vida es una experiencia siempre personal e irrepetible que procuramos orientar dentro del marco de nuestras posibilidades y preferencias. A veces logramos hacerlo (como resultado de una actuación voluntaria o de aquello que solemos llamar la “buena suerte”). En mi caso particular – y estoy seguro que a no pocos le ha sucedido algo parecido – he tenido la buena suerte de conocer a Ricardo, de compartir con él no pocos hechos de mi vida personal y de ser testigo de la constante buena disposición que es necesaria para no ceder ante la presión de las falsas concesiones y saber asumir el destino que en parte nos es impuesto y en parte somos sus hacedores.
Y está también aquello la otra parte, aquella en la que prima lo afectivo y no existe la palabra “sacrificio” porque lo que se hace es también lo moralmente debido a las personas que especialmente queremos. No podemos olvidar al Ricardo “pater de familia”, preocupado constante y eficazmente por el destino de los suyos. Ello forma parte de su ambito “sagrado”; los de afuera nos limitamos a observarlo como el buen ejemplo cuyo seguimiento forma parte de una vida honesta.
 
Hubiera querido estar presente en el acto de homenaje a Ricardo Caracciolo pero la distancia crea a veces obstáculos insuperables. Este es mi caso. Por ello, desde Bonn y a traves de mi querida Cristina, van para él mis mejores deseos de una estupenda vida en los años que vienen y mi agradecimiento por la práctica constante de una amistad que me enriquece y el ejemplo de una conducta humana y moralmente debida. Ya vendrán otros dias de diálogo directo. Mientras tanto, valga el saber que la amistad es inmune a la distancia y sale reforzada en cada encuentro que nos da la vida. Y por ello, vale también ahora la metáfora del abrazo estrecho que no se da físicamente sino que se lo concibe en la intención afectiva que la ausencia no reduce.
Desde Bonn, por ello, levanto mi copa en honor del gran amigo y maestro ejemplar:
Ricardo Caracciolo.
Ernesto Garzón Valdés
 

XXI Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano (La Plata 2013).-

 
REGLAMENTO DEL XXI ENCUENTRO DE PROFESORES DE DERECHO ROMANO – ADRA – LA PLATA 2013
 
Art. 1º - La Comisión Organizadora del XXI Encuentro de Profesores de Derecho Romano estará compuesta por un Presidente y dos Secretarios (uno para la comisión de Derecho Público y otro para la de Derecho Privado).
 
Art. 2º - La Comisión Organizadora abrirá un registro de miembros, conforme a las comunicaciones que se reciban. Sólo podrán presentar ponencias y participar de las deliberaciones las personas que se hayan  inscripto a tal efecto. El registro se clausurará definitivamente en la fecha que designe el Presidente de la Comisión Organizadora. Es requisito sine qua non para la publicación de las ponencias en las Actas del Encuentro, su envío 03/04/2013. Estarán exceptuados del pago de los aranceles que fije la Comisión Organizadora para participar como miembros del Encuentro, aquellas personas que hubieran sido designadas como invitados especiales.
 
Art. 3º - Cada participante, asistente u oyente en el Encuentro recibirá una constancia firmada por el Presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Romano (ADRA) y el Presidente de la Comisión Organizadora que lo acreditará en la calidad que corresponda.
 
Art. 4º - La Comisión Organizadora del Encuentro Nacional redactará el Programa Oficial, que incluirá los temas a tratar, con indicación de los Presidentes y Secretarios de las Comisiones, debiendo estos últimos coordinar todas las ponencias que se reciban respecto de cada tema.
 
Art. 5º - Las deliberaciones se realizarán durante tres días corridos como máximo, contados desde la fecha de la sesión inaugural, y serán públicas.
Las autoridades de cada Comisión, podrán clasificar las ponencias recibidas en subtemas para facilitar el debate.
Los ponentes deberán informar sintéticamente las propuestas contenidas en sus ponencias en un plazo de diez minutos. La Presidencia de la Comisión, con la anuencia de sus miembros, podrá acortar los plazos establecidos, si las circunstancias lo exigieran. Seguidamente, se abrirá un plazo de cinco minutos para debatir cada una de las presentaciones realizadas, para que el Secretario de la Comisión pueda elaborar el despacho.
Las ponencias deberán tener una extensión de entre 10 y 20 páginas, en hojas A4, incluyéndose en dicha extensión: carátula, índice, bibliografía y eventuales anexos. Se deberá utilizar letra Times New Roman tipo 12 y un interlineado de 1,5 líneas.
 
Art. 6º - En caso de disconformidad, en el seno de cada Comisión, los despachos serán individualizados con números, y se dejará constancia, únicamente, de su carácter mayoritario, minoritario o de simple disidencia. La Presidencia de cada Comisión designará al Relator único del o de los despachos, a los fines de su exposición en la Asamblea Plenaria.
 
Art. 7º - Los despachos no serán sometidos a votación en la Asamblea Plenaria.
 
Art. 8º - Las ponencias aprobadas en cada Comisión y los despachos informados en la Asamblea Plenaria serán publicados en las “Actas del XXI Encuentro de Profesores de Derecho Romano de la ADRA”.
 
XXI ENCUENTRO DE PROFESORES DE DERECHO ROMANO DE LA ADRA
FORO PARA ESTUDIANTES
Reglamento
Art. 1º - Podrán participar todos los estudiantes de las Facultades de Derecho del país con monografías originales e inéditas
Art. 2º - Las monografías deberán circunscribirse a uno de los temas a tratarse en las Comisiones del XXI Encuentro de Profesores de Derecho Romano de la ADRA, contando con el patrocinio de un profesor de la materia de la Facultad a la que el alumno pertenece.
Art. 3º - El plazo de admisión de los trabajos vencerá el día Viernes 03/04/2013. Las monografías podrán ser enviadas por correo electrónico a la dirección del Encuentro con el asunto “Foro de estudiantes”. No se considerarán las monografías enviadas fuera de término o que no cumplan con los requisitos temáticos o formales.
Art. 4º - Los trabajos deberán tener una extensión de entre 10 y 20 páginas, en hojas A4, incluyéndose en dicha extensión: carátula, índice, bibliografía y eventuales anexos. Se deberá utilizar letra Times New Roman tipo 12 y un interlineado de 1,5 líneas. La carátula deberá precisar: Nombre y Apellido, dirección, teléfono y correo electrónico, Facultad a la que pertenece y Profesor patrocinante.
Art. 5º - El Foro se desarrollará los dos primeros días del Encuentro, bajo la dirección de un Presidente y un Secretario, docentes de la materia, designados por la Comisión Organizadora.
Art. 6º - En el marco del Foro los alumnos participantes deberán informar resumidamente el contenido de sus trabajos en un plazo de diez minutos, reservándose cinco minutos para debatir cada uno de los trabajos expuestos.
Art. 7º - Se procederá a premiar las dos mejores monografías en la Asamblea Plenaria, nombrando la Comisión Organizadora un Tribunal Académico a tal fin, el cual podrá en su caso, aconsejar la publicación del trabajo en las Actas del Encuentro.
 

XXI Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano.- La Plata, 25, 26 y 27 de Abril de 2013.-



 

martes, 18 de septiembre de 2012

Nota publicada en "ALUMNI UCC - Revista de Graduados" de la Universidad Católica de Córdoba, 2012, Año IV, N° 10, Página 14.- "Ética crítica para el siglo 21. Miradas desde el ejercicio profesional".-


Ética Profesional: Una referencia a lo Jurídico – Notarial[1]

 
Como primera medida resulta necesario justificar la integración “Ética Profesional”. La dimensión moral forma parte esencial de la definición de profesión. Por tal motivo, una reflexión ética no debe ignorar las condiciones propias de cada profesión[2].

La ética profesional tiene la misión de establecer los principios y normas por las cuales ha de regirse cada profesión, proyectando como causa final, la consecución de la justicia social. El notario cumple acabadamente con este fin, ya que tiene la obligación de ilustrar a las personas que le soliciten sus servicios, debiendo interpretar, y dar forma a la voluntad de los mismos, redactando los instrumentos adecuados, para conferirles autenticidad, advirtiéndoles de las consecuencias legales[3].

La profesión notarial es quizás, entre todas las sociales, aquella cuyo ejercicio, mayor moralidad demanda, siendo en lo civil lo que la cura de almas es en lo espiritual, una fuerza directiva de las voluntades y de las conciencias, cuyo campo de acción no reconoce límites[4].

Para Von Ihering el Notario moderno es el heredero más directo del jurista romano. Su labor no es la del abogado, que interviene principalmente en el momento en que va a plantearse un litigio, sino la del consejero de las familias, y el moderador de los negocios jurídicos[5].

Tan vasta y honorable función, debe evitar convertirse en una fábrica de escrituras, aprovechando las nuevas tecnologías y la publicidad, con técnicas vergonzosas, inmorales y antijurídicas tendientes por ejemplo, a ofrecer a cambio de precios viles sus servicios para ganar más escrituras o publicar avisos en la sección clasificados del diario, lo cual está condenado éticamente, y atenta contra la dignidad de tan sublime profesión.

Para el abogado, el instante crítico para el desempeño de su ética se da al momento de decidir aceptar o repeler un caso, aceptarlo es creer justa la pretensión, por lo que su triunfo será: el triunfo de la Justicia[6].

 

 

 



[1] Por Jorge Fabián Villalba. Escribano Adscripto al Reg. Not. 706 (Cba.). Prof. Adj. Derecho Romano I. Prof. Titular de Historia de la Cultura Occidental. Miembro del Instituto de Derecho Romano y Docente Investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba.-
[2] CASAS, Gustavo S.J. Ética General. Editorial Universidad Católica de Córdoba (EDUCC). 2004. Pág. 19.
[3] Artículo 2°, Ley del Notariado del Estado de Jalisco, México.-
[4] GUTIÉRREZ-ÁLVAREZ, Jorge. Notario. Sobre la Ética Notarial. Podium Notarial. Revista Digital de Derecho. Colegio de Notarios. Jalisco México. Podium Notarial N° 27, Año 2003, Pág. 15.-
[5] El Espíritu del Derecho Romano.-
[6] Osorio, Ángel. El Alma de la Toga. Valletta Ediciones. 2006. Pág. 38 y 44.-

lunes, 17 de septiembre de 2012

Información para los alumnos sobre el 3er. Parcial.- Ciclo lectivo 2012. Universidad Católica de Córdoba.-

Docentes y alumnos:
Es oportuno recordar con anticipación lo concerniente algunas cuestiones en torno al tercer parcial. En tal sentido, aclaramos:
- Para ningún alumno es obligatorio rendir el tercer parcial.
- Sólo tienen la responsabilidad de rendirlo, aquéllos estudiantes que no hayan alcanzado 12 puntos con la suma de los dos primeros (para llegar al promedio total de 4 puntos exigido); o uno de ellos no haya sido rendido, o haya sido reprobado (art. 144 inc. 1º Reglamento Interno de la Facultad).
- La inasistencia al tercer parcial no equivale a “reprobado” por lo que no incide en el promedio con el que se obtiene la regularidad.
- La inasistencia al tercer parcial equivale a “ausente” e incide en el cómputo del porcentaje de asistencia exigido para el cursado (65% u 80%), por lo que, quien haya alcanzado ya 4 o más puntos de promedio, deberá presentarse a rendirlo si por la proyección del cómputo de su asistencia, la misma es necesaria para llegar a los porcentajes exigidos para el cursado de esa materia (65% u 80%, según corresponda).
En suma, quien necesite nota o asistencia, debe presentarse al examen (el que será calificado por la cátedra), independientemente de cual haya sido la causa de su necesidad.

PRIMER CONGRESO PATAGONICO DE DERECHO ROMANO.- 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2012.- LAS GRUTAS, RÍO NEGRO.-

PRIMER CONGRESO PATAGONICO DE DERECHO ROMANO
9 y 10 DE NOVIEMBRE. “Las Grutas” Río Negro
Tema: DERECHO DE PROPIEDAD
Presentación de Abstract: 15 de Octubre
Presentación de trabajo: 30 de Octubre.
Confirmar asistencia antes del 20 de Octubre.
Envío, información y todo lo que necesiten a: aliciaaresnogueira@yahoo.com.ar
Tel: 0298-4637753 (todo el día) 0298-4423153 (de mañana)
Inscripción: $300. (incluye dos cenas y todos los break –mediodía y tarde-)
Acompañantes: idem

domingo, 29 de julio de 2012

Multan a Tarjeta de Crédito por demandar el cobro de un monto "insignificante".-


SENTENCIA NUMERO: OCHENTA Y SEIS. de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de Córdoba, 14/06/2012, C.C.C. La Capital del Plata Ltda. C/ Bustos, Hernán Andrés - Presentación múltiple - Abreviados - (Expte. N° 1274346/36).-
En la ciudad de Córdoba a los catorce días del mes de junio del año dos mil doce, se reúnen en audiencia pública los señores Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación Dres. Beatriz Mansilla de Mosquera, Julio L. Fontaine y Guillermo E. Barrera Buteler y con el objeto de dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "C.C.C. LA CAPITAL DEL PLATA LTDA. C/ BUSTOS, HERNAN ANDRES – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE – ABREVIADOS - (EXPTE. N°1274346/36)", venidos del Juzgado de Primera Instancia y 48° Nominación Civil y Comercial, en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 154 por la parte actora y por adhesión a fs. 175/183 por la parte demandada, ambos contra la Sentencia Número Ciento sesenta y tres, de fecha diecinueve de marzo de dos mil diez (fs. 143/153). El Tribunal sienta las siguientes cuestiones a resolver: Primera: ¿ Proceden los recursos de apelación interpuestos por ambas partes? Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar ? Conforme lo dispuesto previamente por la Sra. Presidente y de acuerdo al sorteo que en este acto se realiza los señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dres. Julio L. Fontaine, Guillermo E. Barrera Buteler y Beatriz Mansilla de Mosquera.
A la primera cuestión:
EL SEÑOR VOCAL DOCTOR JULIO L. FONTAINE DIJO: Ambas partes, la actora en vía principal y el demandado por adhesión, han apelado la sentencia en la cual se admite muy parcialmente –por tan solo $ 6,03 más intereses- la acción por la cual se pretende cobrar el importe adeudado de una tarjeta de crédito. La actora, emisora de la tarjeta Kadicard, promovió la demanda por la suma de $ 71,33, importe del último resumen que emitió, que corresponde a enero de 2007, y que según ella no habría sido satisfecho por el demandado. Éste, por su parte, al contestar la demanda alegó, y lo comprobó con documentos que no fueron cuestionados, que dio de baja la tarjeta el 24 de noviembre de 2005, oportunidad en la cual se destruyó el plástico y se pagó la totalidad del resumen adeudado a esa fecha -$ 18,06 vencidos el 10.11.05-, de suerte que no quedó saldo alguno impago que habilitara a la entidad emisora a emitir nuevos resúmenes.
La Juez de primer grado aceptó este planteo del demandado pero con una salvedad, cual es que al 24 de noviembre de 2005, cuando dio de baja la tarjeta y pagó el saldo de $ 18,06 existente en ese momento, el demandado se hallaba en mora porque el vencimiento se había producido el 10 de ese mes. Esta mora generó intereses y la existencia de estos intereses habilitó a la actora a emitir un nuevo resumen para cobrarlos, con los costos consiguientes que son $ 5,90 por gastos de emisión y $ 0,13 por seguro de vida. Lo que no pudo hacer la demandante, agregó la a quo, es seguir emitiendo nuevos resúmenes en los meses subsiguientes y durante más de un año cargando en cada uno el costo del anterior, más el seguro de vida, más nuevos intereses, porque la tarjeta ya había sido dada de baja. Todo lo que pudo hacer la entidad es requerir el pago de aquel primer resumen por $ 6,03. Y es consecuentemente por este importe con más sus intereses que la Juez hizo lugar a la demanda.
La actora apeló el fallo con argumentos muy genéricos, que prácticamente se resuelven en uno solo: que mes a mes se fueron emitiendo los resúmenes y que estos no fueron en ningún caso impugnados por el demandado, pese a que los recibió en su domicilio y que, de no haberlos recibido debió reclamar su entrega en las oficinas de la entidad emisora. El demandado por su parte, por vía de adhesión pretende que se revoque la sentencia y se rechace la demanda en forma total, para lo cual afirma que la mínima suma que pudo haber quedado pendiente por intereses moratorios –apenas unos pocos centavos- no pudo generar la emisión de un resumen cuyo costo es infinitamente superior, y mucho menos dar lugar a la iniciación de una demanda que no tiene otro objetivo que generar artificialmente un crédito por honorarios. Sostiene que se trata de una pretensión manifiestamente abusiva que debe ser sancionada en la forma prevista por el art. 83 CPC. En iguales términos ha dictaminado el Sr. Fiscal de Cámara señalando que nadie tiene derecho a poner en movimiento el aparato judicial por un motivo tan nimio y carente de seriedad, como es un crédito de apenas unos pocos centavos.
Considero justas y razonables estas dos opiniones. El adagio de minima non curat pretor no tiene consagración en nuestra legislación, de modo que el exiguo monto de un crédito no es obstáculo para que sea reclamado en vía judicial si es legítimo. Pero en este caso no parece que lo sea, ni siquiera en la cantidad admitida en la sentencia apelada. Lo primero que se debe advertir es que en la demanda se reclama el pago del importe del último resumen afirmando que proviene del “saldo impago por consumos realizados”, algo que está desmentido por la realidad puesto que luego la propia actora, al responder a la oposición del demandado, admitió en más de una oportunidad que no hubo consumos después que la tarjeta fue dada de baja.
Pero lo decisivo es que en ningún momento señaló concretamente la demandante cuál fue el crédito que generó la emisión del primer resumen posterior a la baja, y cuál fue exactamente su importe. Tal crédito, por lo demás, no está tampoco consignado en el resumen de enero de 2007 con el que se promovió la demanda. La secuencia de débitos que allí figura comienza con los gastos de emisión del resumen de noviembre de 2005, que fue abonado el 24 de ese mes, para pasar luego sin solución de continuidad al gasto de emisión del resumen siguiente, el de diciembre de 2005, más seguro de vida e intereses. Nada que permita verificar cuál fue ese crédito que quedó pendiente de pago cuando la tarjeta fue dada de baja y que habilitó a emitir un nuevo resumen.
Resulta pues que la premisa de la cual parte la sentencia apelada, según la cual este crédito está constituido por los intereses que generó la mora en el pago del resumen de noviembre, no pasa de ser una conjetura porque el hecho no fue afirmado en la demanda ni es un dato que pueda extraerse de los documentos presentados por la entidad emisora de la tarjeta. Por otra parte, esa conjetura podría relativizarse si se advierte que para la fecha en que el demandado dio de baja la tarjeta y canceló el resumen de noviembre, el 24 de este mes, ya se había operado el cierre contable del mes anterior, cosa que ocurrió el día 21. La actora, por lo tanto, al percibir ese pago, que fue realizado en sus propias oficinas, ya tenía en su sistema informático incorporado el registro de la deuda por esos intereses. Se puede razonablemente suponer que si no los cobró en ese momento, ni los consignó tampoco cuando emitió el resumen siguiente, es porque renunció a percibirlos, sea por este motivo o porque por su insignificancia carecía de sentido práctico cualquier gestión de cobro.
Lo relevante en cualquier caso es que la actora no ha demostrado la existencia de algún crédito que la habilitara a emitir el resumen de diciembre de 2005, y mucho menos a seguir haciéndolo después durante más de 12 meses cargando en los sucesivos resúmenes mensuales los gastos, seguro de vida e intereses de cada uno de los anteriores, hasta generar una deuda de $ 77 y fracción nacida de la nada. Y peor aún, a promover un juicio declarativo abreviado, que tiene un honorario mínimo de 15 jus (hoy prácticamente $ 2.000) para reclamar el pago de ese crédito fantasma. El carácter abusivo de esta conducta es inocultable porque tras el pretexto del ejercicio de un derecho lo que en realidad se ha intentado es estafar al usuario de la tarjeta cobrándole un crédito que no es más que un espectro engendrado en la maquinaria administrativa de la demandante, crédito supuestamente nacido de un interés de $ 0,25 pero que por arte de birlibirloque termina convertido, en beneficio de ella y sus abogados, en una cantidad varias miles de veces superior. Y todo esto con la pretensión de usar a los tribunales como ejecutores de esa estafa, algo que no sólo es censurable en términos morales, sino también desde un punto de vista práctico puesto que, como lo ha puntualizado el Sr. Fiscal de Cámara en su dictamen, no se puede motorizar y recargar el aparato judicial con pretensiones a primera vista desprovistas de seriedad y reñidas con las leyes.
Teniendo en cuenta la gravedad de esta conducta abusiva y el carácter de entidad financiera de la demandante, me parece razonable la solicitud del Sr. Fiscal de que sea sancionada con una multa de cien jus, límite máximo que autoriza el art. 83 inc. a CPC. Vale la aclaración de que si bien este límite es permitido en aquellos procesos que no tienen un valor económico, a estos efectos se debe considerar a este pleito como si no lo tuviera, pues de lo contrario, si hubiera que aplicar el tope del 30% del valor del juicio, como lo prevé la norma para los pleitos que sí tienen contenido económico, la ilicitud cometida por la actora no podría ser sancionada. Imponer a una entidad financiera una multa equivalente al 30% de $ 77 y sus intereses sería no sólo dejar impune esa conducta sino caer en una actitud ridícula y absurda.
Propongo entonces que se admita la apelación por adhesión del demandado, se desestime el recurso principal de la actora y se rechace la demanda en todos sus términos, imponiendo a esta última las costas del juicio en ambas instancias, con más la multa a la que me he referido en el párrafo anterior.
EL SEÑOR VOCAL DOCTOR GUILLERMO E. BARRERA BUTELER DIJO:
Adhiero al voto del Dr. Julio L. Fontaine.
LA SEÑORA VOCAL DOCTORA BEATRIZ MANSILLA DE MOSQUERA DIJO:
Adhiero a las consideraciones manifestadas por el Sr. Vocal del primer voto.
A la segunda cuestión:
EL SEÑOR VOCAL DOCTOR JULIO L. FONTAINE DIJO:
Corresponde rechazar la apelación de la actora, admitir la del demandado, rechazar la demanda en todos sus términos e imponer a la demandante las costas del juicio en ambas instancias. Se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios contenidas en la sentencia apelada, las que deberán practicarse nuevamente. Por las tareas ejecutadas en esta sede se fijan los honorarios del Dr. Luis Enrique Calvo en el 42% del término medio de la escala que corresponda a la cuantía del pleito, sin perjuicio de los mínimos legales (ley 9459 arts. 26, 36, 39 y 40).
Imponer a la parte actora, y en beneficio de la contraparte, una multa de trece mil doscientos cincuenta y tres pesos ($ 13.253) que deberán ser abonados en el término de diez días.
EL SEÑOR VOCAL DOCTOR GUILLERMO E. BARRERA BUTELER DIJO:
Adhiero al voto del Sr. Vocal preopinante.
LA SEÑORA VOCAL DOCTORA BEATRIZ MANSILLA DE MOSQUERA DIJO:
Adhiero a la decisión que propone el Dr. Julio L. Fontaine en su voto.
Por el resultado de los votos que anteceden el Tribunal:
RESUELVE:
Rechazar la apelación de la actora, admitir la del demandado, rechazar la demanda en todos sus términos e imponer a la demandante las costas del juicio en ambas instancias. Se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios contenidas en la sentencia apelada, las que deberán practicarse nuevamente. Por las tareas ejecutadas en esta sede se fijan los honorarios del Dr. Luis Enrique Calvo en el 42% del término medio de la escala que corresponda a la cuantía del pleito, sin perjuicio de los mínimos legales (ley 9459 arts. 26, 36, 39 y 40).
Imponer a la parte actora, y en beneficio de la contraparte, una multa de trece mil doscientos cincuenta y tres pesos ($ 13.253) que deberán ser abonados en el término de diez días. Protocolícese y bajen.

Julio L. Fontaine            Guillermo E. Barrera Buteler      Beatriz Mansilla de Mosquera                         
     Vocal                                  Vocal                                                           Presidente