domingo, 1 de abril de 2012

Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación. Libro Sexto, Título I.-

LIBRO SEXTO.DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LOS DERECHOS PERSONALES Y REALES

Título I. De la prescripción y de la caducidad

1).Prescindencia de definición

El anteproyecto, a diferencia del código civil vigente, no define la prescripción.

Tradicionalmente, se la ha definido como un modo de extinción de obligaciones, o bien, como una figura que priva al titular de una acción para solicitar su tutela jurisdiccional. La primera ha sido objeto de críticas, en razón de la subsistencia de ciertos efectos respecto de obligaciones prescriptas; la segunda utiliza el término “acción” en una concepción que no se corresponde con el significado que la doctrina procesal asigna a esta palabra en nuestros días.

Asimismo, el hecho de que la prescripción se proyecte a situaciones que exceden el ámbito de los derechos personales y reales, abarcando situaciones que comprometen actos en general (acción de nulidad, por ejemplo) revela la imprecisión en la que recaen las definiciones técnicas de la prescripción.

Por otro lado, más allá de una definición técnica, la noción generalizada del instituto es clara y sus efectos pueden ser regulados sin generar dificultades.

Estas circunstancias, sumadas a la conveniencia de evitar definiciones legales que en vez de clarificar y facilitar la interpretación generan dificultades, han inclinado a los autores del anteproyecto a omitir una definición general.

2) Inclusión de disposiciones comunes

Las distintas manifestaciones de la prescripción presentan un mecanismo común que justifica la inclusión de normas que tienen vocación aplicativa general. En ese sentido, se ordena metodológicamente el régimen respecto del carácter imperativo de las normas que la regulan, su aplicación universal en relación a las personas –como regla general- y la disponibilidad de la prescripción ya cumplida con efecto limitado a quien renuncia a invocarla.

Se incluye en este capítulo una norma de carácter abierto que prevé la modificación ulterior de plazos que regula la solución de situaciones sometidas al régimen de prescripción. La solución, que mantiene el sistema en vigencia, armoniza la finalidad de la modificación que se produzca (otorgamiento de seguridad jurídica a ciertas relaciones mediante acortamiento de los plazos aplicables) y la situación de quien podría verse sorprendido por ese acortamiento.

3) Suspensión de la prescripción

En general, las causas de suspensión prevén circunstancias personales de los interesados que justifican la paralización del cómputo de su curso. Por eso, se dispone expresamente que, como regla, esa paralización aprovecha únicamente a los sujetos respecto de quienes se produce la situación que le da motivo. La excepción prevista a esta limitación subjetiva de los efectos paralizantes tiene su justificación en el régimen particular de las obligaciones solidarias y en la naturaleza propia de la prestación en los casos de obligaciones indivisibles.

Otras causas de suspensión se refieren a motivos diferentes, como la suspensión por interpelación. La reforma de la ley 17.771 incorporó como un hecho que afecta el curso de la prescripción la interpelación que efectúe el acreedor a su deudor intimando el pago de la obligación. Originariamente, esta incorporación otorgó efectos interruptivos a ese hecho y de allí su ubicación en el código civil vigente. Ese efecto interruptivo fue modificado por ley 17.940 que, sin acomodar metodológicamente la norma, dispuso reconocerlo como una causa de suspensión.

Este anteproyecto ordena esta situación mediante la ubicación metodológica correcta de la solución, manteniendo el efecto suspensivo, desde que no se ha considerado necesario modificar el régimen, que sólo abrevia el plazo de duración.

La redacción que se imprime a esta norma incorpora al texto legal la interpretación que a la locución “constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica” ha brindado la jurisprudencia y doctrina, superadora de las inconsistencias que la terminología presente respecto del régimen de la mora y otorgando vocación aplicativa de la causal a la prescripción adquisitiva.

Se ha considerado conveniente mantener la limitación de la duración de los efectos suspensivos a un máximo que está dado por el plazo de prescripción previsto para la acción, desde que en los casos en que este resulta menor, la causal produciría una extensión de la incerteza de la relación que contrariaría la finalidad del legislador. Si bien en este anteproyecto no se consignan plazos de prescripción menores a 6 meses, el mantenimiento de la limitación resulta previsor de futuras decisiones legislativas que sí lo hagan y evita la necesidad de adaptar el texto de este artículo en esa eventualidad.

Se regula entre las causas de supensión de la prescripción la solicitud de mediación, causal que fuera incorporada mediante ley 24.573. Este anteproyecto simplifica el momento inicial del efecto suspensivo.

El anteproyecto elimina, como caso especial de suspensión de la prescripción, la querella penal, desde que la independencia de la persecución punitiva estatal de la pretensión privada indemnizatoria sumado a la existencia de vías para ejercer esta última –posibilidad de interponer la pretensión en sede penal o de iniciar el proceso en sede civil- revelan que no se justifica la paralización del curso del plazo de prescripción.

4) Interrupción de la prescripción.

El anteproyecto conserva las causales de interrupción del curso de la prescripción adecuando el texto legal a la evolución que la cuestión ha sufrido a nivel jurisprudencial y doctrinal.

La interrupción por “demanda” prevista en el código vigente ha suscitado diversas posiciones respecto del alcance que a ese vocablo debe reconocerse. Es claro el carácter mayoritario que ha alcanzado la posición que reconoce que toda petición ante la jurisdicción, dirigida contra el deudor o poseedor –o su representante- que exteriorice en forma clara la voluntad de no abandonar el derecho que se trate por parte de su titular y en este sentido se ha regulado la causal, comprendiendo diversos supuestos que no configuran “demanda” en sentido técnico-procesal pero que revelan la actitud del interesado de perseguir la tutela jurisdiccional. Se mantiene como requisito el “no abandono del proceso instaurado” teniendo por no ocurrida la interrupción en caso de desistimiento del proceso o de declaración de caducidad de la instancia. El anteproyecto prescinde de incluir a la “absolución definitiva del demandado” entre estas vicisitudes, desde que la existencia de cosa juzgada material brinda la excepción causada por esa calidad en caso de existir una pretensión ulterior por la misma causa y entre los mismos sujetos, por lo que se torna irrelevante e imprecisa técnicamente brindar la posibilidad de discutir la prescripción de una cuestión que ya fue resuelta definitivamente.

Se mantiene igualmente el efecto interruptivo de las peticiones efectuadas ante juez incompetente, realizadas por personas incapaces de hecho o que ostentan defectos formales, sin perjuicio de lo que dispongan los ordenamiento procesales locales respecto del trámite ulterior que merezcan estas situaciones a los fines de su subsanación. El anteproyecto resuelve la situación de que la petición se efectúe en el plazo de gracia que los ordenamientos procesales prevén, a fin de eliminar la discordancia entre la regulación de la cuestión entre la norma de fondo y la local procesal. Se establece la solución en el sentido en el que la jurisprudencia mayoritaria ha resuelto la situación.

En la misma tesitura, se ha incorporado el reclamo administrativo como causal de interrupción cuando su trámite resulta una exigencia del ordenamiento.

El anteproyecto considera asimilable la solicitud de arbitraje, brindando efecto interruptivo a este hecho, que se presenta como un medio de solución de conflictos alternativo a la tutela jurisdiccional.

Se prevé la duración de los efectos interruptivos, de gran importancia para la determinación del reinicio del curso del plazo y que ha generado algunas discusiones que ponen en crisis la consecución de su fundamento, la seguridad jurídica.

5) Dispensa de la prescripción.

Se ha considerado conveniente extender el plazo para solicitar la dispensa de la prescripción a 6 meses. Se han reunido los casos especiales de dispone por razones metodológicas.

6) Disposiciones procesales relativas a la prescripción.

El anteproyecto recoge la alternativa de solicitar la declaración de la prescripción por vía de acción declarativa, adecuando la redacción del código vigente, que sólo prevé su articulación mediante excepción.

Respecto de la oportunidad procesal para invocarla, se ha redactado la norma en atención a la interpretación mayoritaria de la disposición del vigente artículo 3962, distinguiendo la situación del demandado y la de los terceros interesados en su oposición. Asimismo se regula la alternativa de que se trate de un proceso de ejecución en atención a su trámite específico.

7) Prescripción liberatoria

El cómputo del plazo de prescripción ha merecido diversas normas que se dirigen a regular su momento inicial. Se regula el principio general de la exigibilidad y se prevén diversas hipótesis que requieren atención especial por sus características particulares.

8) Plazos de prescripción.

El anteproyecto ha seguido la metodología del Código Civil vigente, estableciendo un plazo de prescripción genérico y regulando casos específicos. En todos los casos se ha procurado la actualización de los plazos regulados, intentando la unificación y la reducción en cuando resulta conveniente y ajustado al valor seguridad jurídica y a la realidad actual.

9) Caducidad de los derechos

La caducidad de los derechos ha sido ubicada metodológicamente con posterioridad a la prescripción y se han regulado expresamente sus diferencias e interrelación. Se incorporan normas que protegen la igualdad de las partes en este aspecto y otras que impiden la frustración del régimen de prescripción mediante convenios de caducidad.